Jueves 23 de Mayo de 2019

Opinión:
La oportunidad de regular cloud computing



Publicado: Miércoles, 24 de Julio de 2013

Por Alex Pessó Stoulman, Profesor Derecho y Tecnología Facultad de Derecho Universidad de Chile.

La Comisión Europea estableció que la computación en la nube podría generar 35.000 millones de euros en ingresos para la UE para el 2014 y que una regulación adecuada podría ayudar a empresas y gobiernos a conseguir ahorros considerables.

Por lo anterior, vemos con preocupación cómo mientras Europa y EE.UU. revisan sus normas de protección de datos personales para desarrollar plataformas de negocios globales, en Chile se imponen restricciones inadecuadas a la transferencia internacional de datos.

El flujo de los datos y la utilización de medios tecnológicos para su transferencia son una realidad mundial y Chile no puede quedar aislado. 

Hoy debe ponerse el acento en hacer responsable al controlador del dato de su resguardo y cuidado frente al titular, pero hay que ser muy claro en los roles que juega cada actor. 

Al parecer no existe esta claridad al interior de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y se ignoran las nuevas tendencias como cloud computing o cómputo en la nube, que según los últimos estudios de IDC crearán más de 15.000 empleos y generarán ingresos por 2 billones de dólares de aquí a 2015 en Chile. No se ha considerado que el procesamiento y almacenamiento de datos es un fenómeno global y que debe regularse.

Enfrentamos una realidad muy dinámica en el flujo internacional de datos. La información puede ser creada en Brasil utilizando un software alojado en Argentina, procesado en el Perú, almacenado en Chile y ser accedido desde cualquier lugar en América Latina y el mundo. Los proveedores de servicios en la nube tienen operaciones y centros de datos ubicados en diferentes países. 

Es crítico facilitar la transferencia segura y responsable de los datos. Los servicios en la nube son de naturaleza global, y la capacidad de mover información entre los grandes centros de datos en múltiples áreas geográficas permite un ahorro de costos y aumento de eficiencia. 

Las nuevas regulaciones deben hacer frente a los sofisticados ataques informáticos y otras violaciones de seguridad, facilitando la cooperación internacional y armonizando la tipificación de conductas delictivas en la nube. 

Esto requiere de varios elementos, incluida la disuasión a través de la ejecución penal y civil efectivas, con sanciones significativas y oportunas para los casos graves de violación, un marco jurídico que favorezca la cooperación y el intercambio de información entre los sectores público y privado, así como el intercambio de conocimientos técnicos y la capacidad de aplicación de la ley en las distintas jurisdicciones.

La regulación de la forma en que debe otorgarse el consentimiento por parte de los titulares de los datos es crítica. Es difícil concebir que dada la forma intensiva del uso de internet pueda requerirse cada vez, de manera anterior y explícita, el consentimiento del titular de datos. El proyecto de ley del Ejecutivo descartó lo que se denomina el consentimiento opt-out o posterior y estableció normas rígidas y poco claras en materia de consentimiento, las que han sufrido modificaciones durante el proceso legislativo que las hacen incoherentes y difíciles de aplicar.

Sería deseable atender a un modelo en que sea responsabilidad del controlador de los datos asegurar los niveles de protección, atendido el contexto en que dichos datos se utilizan. No es lo mismo publicar un dato de un titular referido a su lugar de trabajo o domicilio, que publicar su ranking crediticio o morosidades. El controlador del dato debe tener un cuidado y responsabilidad mayor en el primer caso que en el segundo. 

Si queremos actualizar nuestra legislación de protección de datos personales debemos pensar en el futuro y no copiar modelos agotados inspirados en los años 90 que ya no logran ponerse en todos los escenarios a que las nuevas tecnologías nos llevan, ni menos imponer requisitos burocráticos que afectan a las pequeñas empresas sin necesariamente asegurar mayor protección.

 

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